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Así lo declararon hoy en la vista oral
celebrada en el Juzgado Penal número 2 de Lleida las inspectoras que
llevaron el caso. Ambas propusieron dos sanciones, una de 5.000
euros y otra de 40.000.
La primera fue revocada por la actual consellera de Trabajo, Mar
Serna, en su época de directora de Relaciones Laborales de la
Generalitat, con el argumento, entre otros, de que una
administración no podía sancionar a otra. La segunda quedó
paralizada por la apertura del juicio.
La vista oral, que se prolongará durante la tarde, comenzó con la
declaración de la acusada, Teresa C.E., que desde hace unos meses ya
no trabaja en su anterior puesto, aunque sigue trabajando para la
misma Conselleria. En su declaración negó haber ordenado a la
presunta víctima trabajos de inferior categoría, como los de
conserje, ni haberla amenazado con expulsarla. "Todavía no entiendo
cómo ha ocurrido esto. ?Cómo es posible que una persona a la que le
he dedicado más que al resto, porque necesitaba más... No lo
entiendo", declaró la acusada en el juicio.
La denunciante, B.S.M., que entró con 19 años a trabajar, entonces
en el Ministerio de Obras Públicas, y que ha estado de baja durante
largos periodos aseguró que le llamaba "tonta", le decía que no
servía para nada, le cronometraba el tiempo, le obligó a hacer de
conserje y le amenazó con abrirle un expediente, además de obligarle
a archivar expedientes muy antiguos.
En su declaración aseguró que le gritaba en la sala de juntas y a
puerta cerrada y que en una época le puso un supervisor. "Tú no
vales, te voy a cronometrar para que te dé tiempo", aseguró la
denunciante que le dijo la acusada. "Tonta inútil, no sirves para
nada", dijo también.
Una compañera de trabajo, Montserrat Sierra, aseguró haber escuchado
también insultos. "Oí que le insultaba, que le estaba llamando
tonta, le decía que por mucho que le enseñara nunca aprendería
nada". Sobre los expedientes antiguos a los que hizo referencia la
acusada, las inspectoras de trabajo, ahora trasladadas a Cáceres y
Asturias, aseguraron que algunos eran tan viejos que se deshacían en
las manos.
Antes del juicio, la Fiscalía pedía un año y medio de cárcel y la
acusación particular cinco. Según el escrito de acusación de la
Fiscalía, entre 1996 y 2005 Teresa C.E. mantuvo hacia la víctima una
actitud continua de "menosprecio y acoso con la finalidad de que
abandonara el puesto de trabajo".
La fiscal afirma que en el marco de esta dinámica acosadora obligó a
la víctima "a hacer funciones de inferior categoría a la de oficial
administrativa, la sobrecargaba de trabajo, así como de críticas
hacia el mismo; y la ha intimidado diciéndole que no pararía hasta
echarle de allí".
El escrito agrega que a consecuencia de este trato, la oficial
administrativa tuvo que pedir la baja en febrero de 2002 por un
trastorno de acoso moral y psicológico. La fiscal apunta que aunque
después se incorporó a su puesto de trabajo, desde entonces ha
pedido bajas en mayo de 2003, en agosto de ese año y en abril de
2004, cuando estuvo de baja hasta enero de 2005. En esa fecha se
incorporó, según la fiscal, "persistiendo la acusada en su actitud
vejatoria" hacia la administrativa, lo que determinó que la víctima,
el 2 de mayo de 2005, presentara una querella criminal contra su
jefa.
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