|
El alcalde del municipio pontevedrés de Dozón,
Adolfo Campos, compareció hoy ante el Juzgado de lo Penal número 3
de Pontevedra imputado acoso laboral contra una funcionaria afiliada
al sindicato CIG, que pide su inhabilitación, una pena de prisión y
una indemnización.
El alcalde, que se sentó en el banquillo de los acusados, imputado
además de prevaricación y abuso de poder, se negó a declarar,
insistiendo en que ya había dado las explicaciones oportunas sobre
este tema en dos ocasiones anteriores, en 2001 y 2003, y que
calificó el juicio de ’político’.
La denuncia contra el alcalde fue presentada inicialmente por el
sindicato CIG en 1999, cuando la funcionaria Ana Lois acudió a las
elecciones como candidata del BNG y posteriormente se presentó por
la CIG a los comicios sindicales para los representantes del
Ayuntamiento.
‘Desde entonces me han acosado laboral y personalmente’, explicó
Lois en su comparecencia.
El sindicato destaca que este acoso laboral ha sido ratificado en
numerosas ocasiones con hasta 30 sentencias firmes en las que se
condena al alcalde a respetar ’una ley que, sin embargo, sigue sin
cumplir en estos momentos’, comentó el responsable de la CIG, Suso
Seixo.
La funcionario denunció ante el juez que a partir de 1999 fue
obligada a trabajar en una habitación aparte del resto de
funcionarios con ’la puerta cerrada para que no pudiera acceder al
resto del edificio’ y que se le ’negó posibilidad alguna de hacer
cualquier trabajo’.
Además, indicó que en varias ocasiones fue obligada a hacer turnos
diferentes ’día sí y día también para no coincidir con el resto de
trabajadores’, de manera que llegó incluso a quedarse encerrada de
noche, hasta el punto de que ’en varias ocasiones tuve que solicitar
la ayuda de la Guardia Civil’, dijo.
El representante sindicato lamento a las puertas del juicio esa
situación que calificó de ’alarmante e inconcebible’, y señaló que
la funcionario ’tuvo que pasar largas temporadas de baja laboral por
depresión’.
Los abogados de la CIG piden la inhabilitación del alcalde y la
acusación particular solicita, además, una pena de cinco años de
prisión y diez de inhabilitación para cargo público contra Campos, y
una indemnización de 232.000 euros a la funcionaria que sufre un
’trastorno psicológico irreversible de tal magnitud que ha sido
diagnosticada de menopausia precoz’.
Por su parte, la defensa indicó que los hechos ya habían sido
juzgados con anterioridad y que la querella presentada por el
sindicato CIG tiene como objetivo ’desprestigiar a un opositor
político’.
La Fiscalía no ha presentado cargos aludiendo que el caso está
sobreseído porque no cabe vía penal ya que, según explicó el
representante del Ministerio Público, que recomendó a la acusación
particular que la petición de indemnizaciones se lleve a cabo por la
vía administrativa.
|
