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El Juzgado de lo Penal número 2 de Lleida
celebrará el próximo lunes el primer juicio por mobbing que lleva a
un cargo de la administración a sentarse en el banquillo de los
acusados de un juzgado penal en todo el Estado español.
La Generalitat será la responsable civil
subsidiaria si la magistrada del citado juzgado considera que Teresa
Casals, jefa del Servei Territorial de Carreteres de Lleida, es
culpable de un delito de coacciones perpetrada contra una
funcionaria a su cargo.
La acusación particular, que representa los intereses de la
funcionaria coaccionada, ha solicitado para la acusada penas que
suman los 9 años y seis meses de privación de libertad.
El letrado de la trabajadora solicita una pena
de cinco años y seis meses por un delito contra los derechos a los
trabajadores, dos años de privación de libertad por el delito de
lesiones, psicológicas, y dos años de cárcel por el delito de
coacciones.
Además, solicita que la perjudicada sea
indemnizada por los 860 días de baja que supuestamente le causó el
mencionado mobbing y por las secuelas que todavía arrastra.
El letrado de la acusación particular ha
valorado la indemnización en 140.000 euros.
El Ministerio Fiscal por su parte, y esto sí
que es inédito en todo el Estado, solicita para la superiora de una
empresa denominada Servei Territorial de Carreteres de Lleida (o
mejor, simplificando: Generalitat) una pena de un año y medio de
privación de libertad y que la administración indemnice a la
perjudicada con 4.000 euros.
La funcionaria presentó la denuncia en abril
de 2005 y relataba nueve duros años de presuntas vejaciones,
insultos y coacciones de su superior jerárquica Teresa Casals, jefa
de la sección de actuación administrativa y régimen sancionador,
contra la denunciante.
El acoso empezó en 1996 cuando Casals entró en
calidad de jefa de sección y comenzó entonces, supuestamente, una
actitud de acoso, menosprecio, a lo que debe sumarse unas coacciones
hacia la funcionaria.
La imputación de Casals estuvo fundamentada en
diversas testificales efectuadas a compañeros de trabajo.
Una trabajadora aseguró que la jefa de sección
“no trataba bien a la funcionaria, que escuchaba gritos hacia ella”.
“Incluso en una ocasión escuché a la Señora Casals gritarle que
acabaría con ella, pero que no lo haría hasta conseguir que la
echaran de su puesto de trabajo”, aseguró ante el juez la
trabajadora.
La misma testigo aseguró que era frecuente que
la denunciante saliera corriendo, además, también era común que se
dirigiera hacia ella con expresiones como tonta e inútil.
Además, también relató un episodio en que
Casals presuntamente empujó con fuerza a la querellante contra un
armario.
Otro compañero aseguró haber visto “muchas
veces a la funcionaria llorando y comentando que la Señora Casals le
hacía la vida imposible, la amargaba y no encontraba bien nada de lo
que hacía”.
Una constante en las testificales era que la
acusada ordenaba a la denunciante funciones por debajo de su
categoría profesional.
Fiscalía asegura en su escrito de acusación
que Casals mantuvo una actitud “continua de menosprecio y acoso
contra la víctima para que abandonase el puesto de trabajo”.
El próximo lunes tendrá lugar el juicio que
hará sentarse en el banquillo a la funcionaria jefa que verá su
actuación respaldada por su propio letrado y por un abogado de la
Generalitat.
En el otro lado, acusando, estará el Fiscal y
el abogado de la perjudicada la cual lo ha tenido que pagar de su
bolsillo.
La Mañana Digital - Lleida, Spain
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