CCOO. denuncia la explotación de los inmigrantes, especialmente
en los sectores doméstico y agrario, y recuerda que ni salarios ni
contratos se ajustan a la realidad
Contratos de dos horas y jornadas de
ocho, salarios reales bien lejanos a los que se firman en las
nóminas, periodos de prueba que no se retribuyen, jornadas sin
descansos ni vacaciones, cuotas a la Seguridad Social que se
deducen del sueldo,...
El muestrario de las irregularidades que
algunos empresarios cometen a la hora de dar trabajo a los
inmigrantes en situación regular (qué decir ya de los que tienen
problemas de papeles) es casi interminable, y se mueve
habitualmente entre la picaresca y el delito.
La explotación del
trabajador extranjero es una práctica común que cuesta erradicar,
más cuando la precariedad laboral hace prácticamente imposible
para estos trabajadores denunciar las situaciones de abuso.
«Intentamos implicar a los inmigrantes en la defensa de sus
derechos, pero siempre chocamos contra el muro infranqueable del
miedo y la supervivencia», explica Rosa Castro, secretaria de la
Mujer, Juventud y Migración de CCOO. en León.
El sindicato ha organizado para el próximo martes, 1º de Mayo, una
jornada de convivencia entre culturas, una fiesta que se celebrará
en la Plaza Mayor con participación de asociaciones de un buen
número de países.
«Ellos son los que más tienen que reivindicar en
el Día del Trabajo, porque ellos son los que tienen una situación
más difícil», explica la responsable sindical.
Memoria histórica
Castro pidió ayer a los leoneses que tengan «memoria histórica», y
recuerden que «hasta hace cuatro días éramos nosotros los que
emigrábamos.
Eso debería hacer que fuéramos más solidarios con los
inmigrantes». Un colectivo que suma en León a 18.000 personas, de
las que 11.000 están por el Régimen General y unos 6.500 del
Régimen Comunitario. Casi la mitad de ellos son mujeres, y 15.500
del total están en edad de trabajar.
Según CC.OO., en los últimos doce meses se han solicitado en León
1.228 agrupaciones familiares, de las que se han concedido 714.
«Estas medidas implican que la población inmigrante seguirá
creciendo en la provincia». Castro recuerda que los inmigrantes
«contribuyen al desarrollo económico y al enriquecimiento
cultural», pero advierte de que para que esta realidad «sea una
oportunidad y no un problema hay que luchar porque la situación de
los trabajadores extranjeros no lleve a crear bolsas de
exclusión».
El sindicato atendió en el último año 1.500 consultas de
inmigrantes, y casi la mitad de ellas se refirieron a vulneración
de derechos laborales. «Los problemas más comunes en este
colectivo son la temporalidad, la precariedad, la mano de obra
poco cualificada y barata y la discriminación respecto a los
nacionales. Doble discriminación si se trata de mujer inmigrante».
Jornadas de ocho horas con contratos asegurados por dos, trabajos
sin contrato («y por tanto sin seguridad ni en la jornada ni en el
salario»); nóminas más altas que el dinero que realmente se cobra;
trabajos de dos o tres meses «a prueba» que ni se consolidan ni se
pagan; acumulación de horas extras que no se pagan como tales,...
Las irregularidades son interminables. «Hemos tenido casos de
picaresca en los que, cuando el inmigrante amenaza con demandar,
el empresario ofrece un acuerdo y resta del salario del trabajador
lo que le iba a costar el abogado para realizar la denuncia».
En el caso de las empleadas del hogar, se han detectado
infracciones como no tener descansos semanales, ni jornada o
vacaciones en el caso de las internas. «A veces se les descuenta
la manutención, y cobran al final 300 euros al mes por estar todo
el día trabajando. Cuando es de justicia social reconocer que
muchas mujeres podemos trabajar porque estas inmigrantes cuidan de
nuestros hijos y nuestros mayores», demanda Castro.
Los trabajadores agrarios también son de los que sufren las peores
condiciones, junto con los de la construcción, con casos
detectados como los de empresas que realizan los contratos en
Portugal (con sueldos portugueses) para trabajos que se realizan
en Castilla y León y Galicia.
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