El Juzgado de lo Social Número 1
de Huelva ha condenado a las Delegaciones Provinciales de Empleo
y Educación de la Junta de Andalucía en Huelva al pago de una
indemnización de 130.000 euros a una persona deficiente mental,
con un porcentaje de minusvalía del 66 por ciento, por acoso
laboral.
En la sentencia, a la que ha
tenido acceso y que está actualmente recurrida por la parte
demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
-esperándose la resolución del recurso para el próximo 9 de
mayo-, el juez declara "que ha sido vulnerada la dignidad" de
este trabajador, y con ella, "sus derechos fundamentales a la
igualdad y no discriminación por cualquier circunstancia
personal, a la integridad moral y al honor, la intimidad y la
propia imagen".
Los hechos juzgados sucedieron
entre 1999 y 2005, período en el que la persona disminuida
psíquica trabajó por determinados períodos de tiempo como
ordenanza para las Delegaciones de Empleo y Educación y como
celador en el SAS.
Según se indica en la sentencia,
durante el tiempo de trabajo en Empleo y tras aproximadamente
dos meses desde su llegada, esta persona "fue objeto de trato
vejatorio, burlesco y degradante, llevado a cabo por parte de
varios compañeros de trabajo", ante "el conocimiento y pasividad
del responsable de Recursos Humanos".
Trastornos depresivos
por las vejaciones
Esto llevó a esta persona a
presentar denuncia a raíz de la cual el Delegado provincial
acuerda apertura de expediente disciplinario que concluyó con
propuesta de sanción para unos y apercibimiento para otros, si
bien "terminado el expediente el mismo quedo paralizado no
constando que se le haya dado curso ni se haya impuesto sanción
alguna".
Habiendo causado toda esta
situación trastornos depresivos al actor, su médico de cabecera
le recomendó que estuviera ocupado, incorporándose así a la
Delegación de Educación en noviembre de 2002, como Ordenanza del
IES Diego de Guzmán y Quesada, donde "nuevamente vuelve a ser
vejado y discriminado por sus compañeros".
Todo ello fue denunciado por sus
familiares a los responsables de dichas entidades, habiendo
producido un desequilibrio emocional que unido a su
personalidad, con cuerdo componente paranoide, provocó que desde
entonces el actor sufriera distintas bajas laborales, hasta que
en mayo de 2005 se le reconoció la Incapacidad Permanente
Absoluta.
Para el juez, "el acoso denunciado
se desarrolla a través de las relaciones interpersonales que
existen en el ámbito del trabajo, resultando que el empresario
puede aparecer como sujeto activo del acoso y en otros casos
como simple espectador sin que por ello quede exento de
responsabilidad, contribuyendo con su pasividad al clima de
hostigamiento en el que se ve inserto en el trabajador",
estimándose en ésta última la posición de las Delegaciones.
